La noticia sobre el primer caso de difteria diagnosticado en España desde hace 28 años es un gran motivo de preocupación. En primer lugar, por el niño afectado, que se encuentra en situación muy grave en la UCI pediátrica del Hospital Vall d’Hebrón, que esperamos y deseamos fervientemente supere y se recupere íntegramente de la enfermedad, sin secuelas.
Un segundo motivo de preocupación es que haya tenido que suceder un hecho tan triste para ratificar la necesidad de vacunar para mantener la eliminación de enfermedades que, como esta, habían desaparecido y que regresan por la existencia de nichos de población no vacunada.
Un tercer motivo de preocupación es el hecho de que haya padres que opten por la no inmunización/no protección de sus hijos por las vacunas. Nos inquieta esta decisión tomada a partir de datos publicados en entornos de opinión, no en base a la mejor evidencia científica, máxime cuando los calendarios vacunales recomendados por Salud Pública en cada CCAA están sustentados en la epidemiología de las enfermedades en nuestro país, las directrices de la Organización Mundial de la Salud y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Este último aspecto define, entre otros, que otras vacunas también recomendadas puedan ser incluidas o no en el calendario vacunal del país o región.
Pero hay otras particularidades que, para los que somos defensores de la vacunación que también son motivo de inquietud. Por ejemplo, la polarización que se expresa en las redes sociales aprovechando este desgraciado incidente creando un ambiente de poco entendimiento. Y el hecho de la existencia de profesionales que ejercen prácticas carentes de eficacia demostrada y no quieren asumir ninguna responsabilidad que les aleje de la autocomplacencia. Especialmente si esto tiene como consecuencia hechos nefastos como el que desafortunadamente estamos viviendo: la reaparición en una criatura de seis años de una enfermedad potencialmente mortal como la difteria eliminada desde 1987.
Nos intranquiliza la pérdida de confianza de la población, padres sobre todo, en las autoridades sanitarias que deben ocuparse de proteger al niño en su derecho a la salud y liderar con convencimiento la apuesta contra la enfermedad que todos los padres, sin duda alguna, realizan por sus hijos. Estos padres toman decisiones informadas, rara vez es por dejadez, pero los mensajes antivacunas que les llegan están disfrazados de pseudociencia. Sumándose además elementos difusos como los intereses económicos, la falta de transparencia en las decisiones y la poca credibilidad en el establisment que merman firmeza a las recomendaciones realizadas.
Pensamos que el debate sobre los beneficios y los riesgos de las vacunas debe basarse en la mejor evidencia científica disponible y apartarse en lo posible de los sentimientos irracionales. Para ello tenemos que mantener la cabeza fría y procurar acercar y facilitar el dialogo entre todos los implicados en la vacunación (incluidos los ciudadanos). Solo de esta manera se podrá conseguir recuperar la confianza en las vacunas que algunos (afortunadamente pocos) han perdido, y conseguir que los enormes beneficios que las vacunas han conseguido perduren e incluso se incrementen.
Firmado: Junta directiva y editorial de la Asociación Española de Vacunología
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