La llegada de la crisis económica situó en la agenda global una cuestión de la máxima trascendencia: cómo introducir aquellas innovaciones que ofrecen valor terapéutico añadido, que son capaces de salvar vidas y que al mismo tiempo garantizan la sostenibilidad de los sistemas de salud. En esta línea, las políticas de salud pública aparecen como una de las intervenciones más coste-efectivas que existen. Una de las herramientas preventivas de más valor, y que forma parte del genoma de estas políticas, son las vacunas.
Es evidente el valor de estos productos sobre el bienestar social y su papel en la reducción de costes sanitarios, tanto presentes como futuros (por cada euro invertido en ellas, se producen 22 euros de ahorros directos e indirectos). Son por tanto, una de las intervenciones más coste-efectivas y solo representan el 1,1% del gasto sanitario total.
En relación al ámbito presupuestario están clasificadas dentro del capítulo segundo de los presupuestos autonómicos por lo se entienden como un gasto más. Esto dificulta, tanto conceptual como operativamente el desarrollo de políticas vacunales, y podría menoscabarse si fueran consideradas como una inversión en salud, y por lo tanto se encajaran en el capítulo sexto, lo cual ayudaría a reducir desigualdades en salud y se las preservaría de posibles recortes futuros o restricciones vía déficit.
La inclusión de una vacuna dentro de las estrategias vacunales de Salud Pública es un proceso que requiere un análisis tremendamente riguroso y a veces hay que esperar años para que se consoliden actuaciones presupuestadas y planificadas. España es un claro ejemplo del largo proceso (de años, incluso) y del análisis potente que requiere el incluir una vacuna en las estrategias vacunales públicas.
Por otro lado, vivimos en un país en el que las vacunas incluidas en las políticas de vacunación, son de financiación pública. Entre otros factores, esto ha posibilitado que nuestras coberturas de vacunación infantil sean envidiables y envidiadas, Como regla general, las prestaciones incluidas en los sistemas públicos de salud deben guiarse por criterios de optimización de coste-efectividad.En este sentido, el concepto de bien público que tienen las vacunas es obvio. Si mucha gente se vacuna, con varias de ellas se podrá producir el efecto «inmunidad de grupo», la enfermedad se diseminará menos, de modo que las personas no vacunadas disfrutarían de esa «inmunidad» pues no se infectarán al no propagarse la enfermedad.
Amós García Rojas. Pte. Asociación Española de Vacunología (AEV)
David Cantarero Economía Salud Univ. Cantabria
