A la medicina le queda todavía mucho recorrido en políticas preventivas, pero es indudable que en las últimas décadas ha avanzado mucho en este terreno, lo que ha significado más salud y calidad de vida para los ciudadanos y menos gasto para la Administración en la medida que la prevención evita o retrasa la aparición de enfermedades que deberá tratar la sanidad pública. Y en ese sentido, las vacunas han tenido un papel determinante desde que hace ya más de dos siglos fuese descubierta la primera, para evitar la aparición de la viruela. Por eso sorprende que en una sociedad formada como la catalana haya actualmente un 5% de familias que no cumplen los protocolos -gratuitos, recordémoslo- para vacunar a sus hijos.
Quienes los desoyen son familias muy desestructuradas o familias que se oponen por principio a que sus hijos sean inmunizados porque creen que eso les procura más riesgos sanitarios que ventajas. Un proceder poco admisible en ambos supuestos, pero mucho más en el segundo porque sesga la realidad al convertir en norma científica lo que es una excepción. La administración de vacunas no es obligatoria, pero es irrebatible que su uso ha erradicado enfermedades y ha evitado miles de muertes. Hay que desear que los avances de la ciencia para encontrar vacunas eficaces para más dolencias sean paralelos al retroceso de quienes, desde el alarmismo, ponen en riesgo la salud de sus hijos al privarles de una medida sanitaria elemental.
