La equidad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, adquiere una especial importancia cuando se trata de proteger la salud de los niños, ya que cualquier supuesto en que se quiebre dicho valor hace que desde una temprana edad se comiencen a padecer los efectos de políticas sanitarias que generan categorías de ciudadanos. En el aspecto especifico de la vacunación, no solamente encontramos inequidades por razones geográficas, sino que además debemos agregar a dicha lista aquellas que tienen su fundamento en la edad del interesado. Esto viene a colación de la situación actual del sistema de vacunación, en la que existe una medida adoptada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en julio de 2015, mediante la cual se acordó la inclusión de la vacuna para prevenir la varicela en el calendario común de las distintas CCAA, con efectos a partir de 2016 (asumimos que desde el mes de enero), bajo un esquema de dos dosis, debiendo administrarse la primera a los 12-15 meses y la segunda a los 3-4 años. Esta decisión del CISNS es una buena noticia para casi todos aquellos padres y madres que llevan tiempo exigiendo la posibilidad de vacunar a sus hijos frente a la varicela, muchos de los cuales, habían presentado una solicitud administrativa ante la AEMPS para que se restableciera la posibilidad de adquirir la vacuna en las boticas.
