Representantes de la Junta de Andalucía y especialistas médicos han apoyado la adopción de medidas coercitivas para vacunar en casos de especial resistencia, porque la no inmunización constituye un grave problema de salud. La secretaria general de Salud Pública de la Junta de Andalucía, Josefa Ruiz, ha recordado, en declaraciones a Efe, que su departamento ya se vio obligado en 2009 a pedir la intervención judicial para vacunar contra el sarampión a un grupo de niños de Granada, cuyos padres se negaban a ello, pese a haberse detectado un brote “con una alta letalidad y morbilidad”. El representante de la Asociación Española de Vacunología Fermín García Rodríguez se ha remitido al caso del niño de Olot (Girona) que en 2015 falleció de difteria, enfermedad contra la que no había sido inmunizado y se consideraba erradicada en España desde hacía décadas. Ruiz y García participan en Sevilla en una jornada sobre vacunología a la que asisten más de doscientos especialistas y en la que se ha aludido al caso de la estadounidense Rebecca Bredow, amenazada con la cárcel por un juez tras negarse a vacunar a su hijo.
