La Asociación Española de Vacunología otorgó el Premio AEV en la categoría de ‘Buenas prácticas en Atención Primaria’ a un proyecto presentado por el Área de Salud VIII-Mar Menor, en Murcia, para mejorar el acceso de inmigrantes vulnerables a la vacunación. Jaime Danilo Calle Barreto, especialista en medicina preventiva, nos da más detalles sobre esta iniciativa que ha conseguido incorporar a la estrategia vacunal a 230 inmigrantes en situación de vulnerabilidad.
¿Qué situación detectasteis en el Área de Salud VIII-Mar Menor que os hizo ver que era necesario cambiar la forma de abordar la vacunación en este sector de la población?
Identificamos una desconexión estructural entre el sistema sanitario y la población inmigrante en situación de vulnerabilidad, lo que generaba una situación de exclusión vacunal crónica. Antes de la intervención, la vacunación de estas personas dependía exclusivamente de contactos asistenciales fortuitos, como visitas a urgencias o ingresos hospitalarios por enfermedad, sin que existieran circuitos definidos ni una actividad preventiva sistemática. El sistema sanitario, a pesar de sus principios de universalidad y equidad, estaba dejando atrás a un colectivo especialmente vulnerable, perpetuando desigualdades evitables y generando un riesgo tanto individual como comunitario, especialmente en un contexto de alta diversidad cultural y múltiples nacionalidades como el de los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Torre Pacheco.
En el proyecto habláis de pasar de un modelo reactivo, basado en contactos asistenciales puntuales, a un modelo proactivo y organizado. ¿Qué supuso en la práctica ese cambio de enfoque?
En la práctica, el cambio de enfoque supuso abandonar la lógica de esperar a que la persona inmigrante vulnerable acudiera espontáneamente al sistema sanitario por enfermedad para, en su lugar, buscar activamente a esa población y citarlos para su vacunación. Significó diseñar y desplegar un proceso estructurado, liderado por Medicina Preventiva y los equipos de Atención Primaria, con captación proactiva desde los centros de acogida (CEPAIM-Lo Pagán y Fundación Antonio Moreno en Los Alcázares), evaluación sistemática del estado vacunal, administración pautada de vacunas según edad y riesgo epidemiológico, y registro obligatorio en los sistemas de información sanitaria. Este cambio también implicó un reposicionamiento institucional: la vacunación de la población vulnerable dejó de entenderse como una actuación discrecional o de buena voluntad para convertirse en una responsabilidad irrenunciable del sistema público de salud, integrada en los circuitos habituales y con continuidad asistencial garantizada.
¿Qué barreras encontrabais con más frecuencia en estas personas a la hora de acceder a la vacunación?
Las barreras más frecuentes fueron múltiples y actuaban de forma acumulativa. En primer lugar, existía una importante barrera idiomática. En segundo lugar, las barreras administrativas y formales suponían un obstáculo relevante, ya que muchas de estas personas carecían de documentación normalizada o presentaban situaciones migratorias irregulares. En tercer lugar, la extrema movilidad de esta población. A ello se sumaba una barrera informativa y cultural: desconocimiento del calendario vacunal español, ausencia de historia previa de vacunación en muchos casos, y falta de redes sociales de apoyo que facilitaran la continuidad una vez finalizada la estancia en el centro de acogida. Finalmente, la ausencia de educación sanitaria culturalmente adaptada perpetuaba la desconfianza y la baja adherencia.
La iniciativa ha implicado a Atención Primaria, Medicina Preventiva, centros de acogida, Salud Pública y servicios sociales. ¿Cómo se articuló esa coordinación?
La coordinación se articuló en dos niveles sucesivos y complementarios. En un primer nivel, se realizaron reuniones internas con los directivos del área de salud, los equipos de Atención Primaria y Medicina Preventiva para diseñar la organización del trabajo y definir los flujos asistenciales. En un segundo nivel, se convocaron reuniones intersectoriales y/o una comunicación frecuente vía telefónica o por correo electrónico con los centros de acogida. el Departamento de Salud Pública de las Áreas 2-8, el Programa de Vacunaciones de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, y la delegación del Servicio de Protección de Menores, responsable de la tutela de menores extranjeros no acompañados. Esta estructura de gobernanza compartida permitió establecer un circuito funcional donde antes existía fragmentación: los centros de acogida identificaban a las personas susceptibles y facilitaban el acceso, los equipos sanitarios evaluaban el estado vacunal y administraban las vacunas, Salud Pública aportaba vigilancia epidemiológica y soporte técnico, y servicios sociales garantizaban la continuidad del acompañamiento más allá de lo estrictamente sanitario.
Uno de los puntos clave del proyecto es la evaluación del estado vacunal y el registro sistemático de la información. ¿Por qué es tan importante que estas personas queden incorporadas a los circuitos habituales del sistema sanitario?
La incorporación a los circuitos habituales del sistema sanitario es fundamental por varias razones. En primer lugar, garantiza la trazabilidad y la continuidad de la atención. En segundo lugar, la integración en circuitos normalizados convierte la vacunación de población vulnerable en una prestación estructural y no en una actuación excepcional o caritativa, lo que refuerza el principio de equidad y normalización. En tercer lugar, el registro sistemático permite la monitorización de coberturas, la evaluación del impacto de la intervención y la rendición de cuentas, elementos imprescindibles para la mejora continua y para la replicabilidad del modelo. El infrarregistro previo no era un mero problema administrativo, sino un reflejo de la exclusión real de estas personas del sistema sanitario.
¿Qué valoración hacéis de los resultados del proyecto?
La valoración de los resultados es claramente positiva y muestra una transformación profunda y sostenida. Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, se incorporó a la estrategia a 230 inmigrantes en situación de vulnerabilidad, logrando la primovacunación en el 61,7% de los casos, a pesar de la elevada movilidad y las dificultades de seguimiento propias de este colectivo. Más allá de las cifras, la principal conquista ha sido estructural: hemos pasado de un modelo de atención fragmentada, reactiva y con estado vacunal desconocido en la mayoría de los casos, a un circuito funcional, proactivo y con registro sistemático, donde los calendarios están actualizados o en proceso de estarlo. El proyecto continúa su implementación en 2026 con una tendencia claramente ascendente.
Si otro territorio quisiera poner en marcha un modelo similar, ¿cuáles diríais que son los elementos imprescindibles para que funcione y no se quede solo en una acción puntual?
Para que el modelo sea funcional y sostenible, identificamos varios elementos imprescindibles. Es necesario un liderazgo institucional claro que asuma la vacunación de población vulnerable como una responsabilidad del sistema sanitario público, no como una actuación voluntarista o dependiente de profesionales a título individual. En segundo lugar, se requiere una operabilidad intersectorial formalizada, con reuniones periódicas y roles definidos entre Atención Primaria, Medicina Preventiva, Salud Pública, centros de acogida y servicios sociales. En tercer lugar, es imprescindible implementar una captación proactiva, rompiendo la lógica de espera y acercando la vacunación al lugar donde reside esta población. En cuarto lugar, la evaluación sistemática del estado vacunal y el registro obligatorio en los sistemas de información sanitaria son condiciones sine qua non para evitar que la intervención se convierta en una actuación puntual y desarticulada. Por último, se necesita disponer de estrategias de educación sanitaria culturalmente adaptadas que generen confianza y favorezcan la adherencia, así como mecanismos de seguimiento que permitan completar pautas a pesar de la movilidad. Sin estos elementos, el riesgo es que cualquier iniciativa se diluya en acciones aisladas sin impacto poblacional duradero.
