Un año después de aquel trágico día, tras haber recibido una notificación de la Fiscalía de Málaga, que niega que hubiera negligencia, han puesto a la Junta de Andalucía una reclamación patrimonial administrativa por la que piden indemnización de 200.000 euros «por culpa y negligencia derivada de la actuación descuidada de la Junta de Andalucía». Pero Antonio y Lupe no quieren dinero, sino donarlo a la Fundación Vicente Ferrer, de ayuda y apadrinamiento a niños.
