El gobierno australiano intensificó la presión a los padres que se oponen a las vacunas al amenazarlos con retenerles las prestaciones de la asistencia social si no inmunizan a sus hijos. Las autoridades han cancelado la categoría de “objetores de conciencia” que preservaba el derecho de los padres a acceder a todas las prestaciones sociales aun si no vacunaban a sus hijos. El Primer Ministro australiano ha anunciado que para 2016 se van a retirar los beneficios sociales a las familias que se nieguen a vacunar a sus hijos. Actualmente en el país se puede objetar contra la vacunación por motivos personales, filosóficos o religiosos y aun así las familiar recibían más de 10.000 euros al año para gastos de guardería y similares. Se estima en más de 35.000 los menores de siete años no vacunados. La finalidad de la medida, que cuenta con el apoyo del resto de partidos, es el aumento de la protección de los niños.
